Publicado el Viernes 4 de Marzo de 2011 en las secciones .resaltado, Politica y Activismo.
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Por Jorge Argüello* – (Veintitrés)
Es frecuente escuchar desde algunos sectores algo así como que en materia de Derechos Humanos el gobierno argentino sólo mira para atrás. Los avances inclusivos en materia de protección social, previsional, de educación o empleo desmienten pronto esa mirada miope, o interesada. Pero hay más logros en ese sentido, como la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, que nos ha puesto a la vanguardia de la protección y promoción de derechos sexuales a nivel internacional.
Una cruda, desgarradora realidad valora cada día esos avances, para nada formales. A fines de enero pasado, David Kato, un maestro fundador del movimiento por los derechos de los homosexuales en Uganda, apareció asesinado a martillazos en su casa de Kampala. Una revista lo había fotografiado meses antes en una portada anti-gay bajo el título “Prohibición ya, cuélguenlos”. El texto incluía el domicilio de muchos homosexuales y lesbianas en ese país africano. Kato logró que la Corte Suprema condenara la difamación, con una leve multa. Ahora, pese a todo, el Parlamento ugandés ha reactivado un proyecto de ley para condenar a muerte a cualquier homosexual.
Ahora remontémonos dos años atrás. En diciembre de 2008, se rompía todo un tabú en la Asamblea General de la ONU: por primera vez en la historia de la Organización se leía una Declaración -apoyada por 66 países- contra la discriminación y el castigo penal por razones de orientación sexual o de identidad de género. Este delegado argentino tuvo el honor de ser el encargado de leer esa Declaración, todavía sin suficiente consenso para convertirse en Resolución de la ONU.
La Declaración estaba básicamente impulsada por una realidad atroz: en numerosos rincones de la tierra había y hay casos de personas lapidadas, ahorcadas, decapitadas y torturadas por el simple hecho de su orientación sexual, sin dejar de contar la privación de derechos económicos.
Casi 80 países tienen todavía leyes y normas que sancionan la homosexualidad y que criminalizan a sus ciudadanos en función de su identidad de género o de su orientación sexual, miembros de un colectivo organizado en nuestro país y a nivel global como LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans).
Pero en aquel 2008, otro bloque de países se opuso y con una declaración contraria trató de evitar el avance de esta básica promoción de derechos sexuales. Argumentaron, sin más, que la orientación sexual era un asunto puramente genético, que una mirada distinta de esa implicaba desafiar “normas básicas de la naturaleza”.
Aún así, este diálogo con el que se comprometió especialmente Argentina continuó durante estos dos años en Naciones Unidas, enriquecido por diferentes perspectivas y puntos de vista. Ahora, a poco de terminar el 2010, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, un calificado Panel especial discutió cómo poner fin a la violencia y la penalización basada en orientación sexual o identidad de género, presidido por el propio Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon.
Esta vez, estuvimos acompañados por videoconferencia por el obispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu y contamos con el esclarecedor aporte del Subsecretario General de la ONU para los Derechos Humanos, Ivan Simonovic. En particular, hubo una presencia en el panel que reflejó los resultados de ese paciente trabajo diplomático, la de la delegada Susan Rice, de Estados Unidos, potencia que había eludido apoyar la histórica declaración de 2008. Washington exhibió ahora una prueba concreta de su nuevo compromiso, la de convertir en delito federal cualquier ataque violento a causa de la orientación sexual o identidad de género. “Leyes por cambiar, corazones por abrir”, había resumido el presidente Obama.
Como explicó en el panel el Subsecretario General Simonovic, los que corren pueden ser tiempos políticos complicados, pero éste es un asunto directamente relacionado con el mínimo respeto por los derechos sexuales, por los derechos humanos. Un sector de la sociedad, un dirigente, hasta un gobierno pueden expresar su desaprobación a la homosexualidad, pero jamás podrán estar autorizados por ello a usar la fuerza y la ley penal para arrestar, encarcelar, torturar o ejecutar seres humanos por el sólo hecho de reprobarlos.
Argentina está comprometida con el desarrollo de una sociedad inclusiva en la que todos los ciudadanos puedan gozar de iguales derechos y protección ante la ley, sin discriminación de ningún tipo. Pasos como el de la legalización del matrimonio igualitario deben ser considerados por cada país a través de un proceso democrático, de acuerdo con su modelo de sociedad y según los tiempos de su evolución hacia una perspectiva de derechos.
Pero difícilmente haya un país que convalide o permanezca indiferente cuando sus ciudadanos son víctimas de asesinato, golpizas o cualquier tipo de violencia, brutalidad y discriminación… claro, sin importar a cuenta de qué, incluyendo eso la orientación sexual o la identidad de género. Como bien definió el Secretario General Ban Ki-Moon en el panel de días atrás, la responsabilidad que tenemos contra estas persecuciones y en defensa de nuestros congéneres es inesquivable y es colectiva.
En ese sentido, Argentina sigue sosteniendo ante los foros internacionales que todos los países deben iniciar un diálogo social inclusivo para reformar las leyes que puedan incitar a la discriminación y a la violencia, como es penalizar actos privados entre adultos que lo consienten.
Reivindicar los derechos humanos mirando el pasado importa, y necesita memoria, verdad y justicia para los que seguimos vivos. Promoverlos y protegerlos en nuestro presente también importa, y necesita un Estado que planifique y gestione sin descanso protección social, empleo, educación, salud.
Y si como sociedad hemos garantizado derechos de manera ejemplar, entonces lo que se necesita es levantar banderas más allá de nuestra propia frontera por los que todavía nos necesitan en esa lucha. En este caso, como dijo el obispo Tutu, por personas que soporten violencia, torturas y castigos penales por cómo viven o, simplemente, por cómo aman. Por personas como David Kato.
*Embajador. Representante Permanente de la Argentina ante la ONU
La muerte de David Kato generó un debate sobre los derechos LGBT en el mundo
Es frecuente escuchar desde algunos sectores algo así como que en materia de Derechos Humanos el gobierno argentino sólo mira para atrás. Los avances inclusivos en materia de protección social, previsional, de educación o empleo desmienten pronto esa mirada miope, o interesada. Pero hay más logros en ese sentido, como la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, que nos ha puesto a la vanguardia de la protección y promoción de derechos sexuales a nivel internacional.
Una cruda, desgarradora realidad valora cada día esos avances, para nada formales. A fines de enero pasado, David Kato, un maestro fundador del movimiento por los derechos de los homosexuales en Uganda, apareció asesinado a martillazos en su casa de Kampala. Una revista lo había fotografiado meses antes en una portada anti-gay bajo el título “Prohibición ya, cuélguenlos”. El texto incluía el domicilio de muchos homosexuales y lesbianas en ese país africano. Kato logró que la Corte Suprema condenara la difamación, con una leve multa. Ahora, pese a todo, el Parlamento ugandés ha reactivado un proyecto de ley para condenar a muerte a cualquier homosexual.
Ahora remontémonos dos años atrás. En diciembre de 2008, se rompía todo un tabú en la Asamblea General de la ONU: por primera vez en la historia de la Organización se leía una Declaración -apoyada por 66 países- contra la discriminación y el castigo penal por razones de orientación sexual o de identidad de género. Este delegado argentino tuvo el honor de ser el encargado de leer esa Declaración, todavía sin suficiente consenso para convertirse en Resolución de la ONU.
La Declaración estaba básicamente impulsada por una realidad atroz: en numerosos rincones de la tierra había y hay casos de personas lapidadas, ahorcadas, decapitadas y torturadas por el simple hecho de su orientación sexual, sin dejar de contar la privación de derechos económicos.
Casi 80 países tienen todavía leyes y normas que sancionan la homosexualidad y que criminalizan a sus ciudadanos en función de su identidad de género o de su orientación sexual, miembros de un colectivo organizado en nuestro país y a nivel global como LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans).
Pero en aquel 2008, otro bloque de países se opuso y con una declaración contraria trató de evitar el avance de esta básica promoción de derechos sexuales. Argumentaron, sin más, que la orientación sexual era un asunto puramente genético, que una mirada distinta de esa implicaba desafiar “normas básicas de la naturaleza”.
Aún así, este diálogo con el que se comprometió especialmente Argentina continuó durante estos dos años en Naciones Unidas, enriquecido por diferentes perspectivas y puntos de vista. Ahora, a poco de terminar el 2010, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, un calificado Panel especial discutió cómo poner fin a la violencia y la penalización basada en orientación sexual o identidad de género, presidido por el propio Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon.
Esta vez, estuvimos acompañados por videoconferencia por el obispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu y contamos con el esclarecedor aporte del Subsecretario General de la ONU para los Derechos Humanos, Ivan Simonovic. En particular, hubo una presencia en el panel que reflejó los resultados de ese paciente trabajo diplomático, la de la delegada Susan Rice, de Estados Unidos, potencia que había eludido apoyar la histórica declaración de 2008. Washington exhibió ahora una prueba concreta de su nuevo compromiso, la de convertir en delito federal cualquier ataque violento a causa de la orientación sexual o identidad de género. “Leyes por cambiar, corazones por abrir”, había resumido el presidente Obama.
Como explicó en el panel el Subsecretario General Simonovic, los que corren pueden ser tiempos políticos complicados, pero éste es un asunto directamente relacionado con el mínimo respeto por los derechos sexuales, por los derechos humanos. Un sector de la sociedad, un dirigente, hasta un gobierno pueden expresar su desaprobación a la homosexualidad, pero jamás podrán estar autorizados por ello a usar la fuerza y la ley penal para arrestar, encarcelar, torturar o ejecutar seres humanos por el sólo hecho de reprobarlos.
Argentina está comprometida con el desarrollo de una sociedad inclusiva en la que todos los ciudadanos puedan gozar de iguales derechos y protección ante la ley, sin discriminación de ningún tipo. Pasos como el de la legalización del matrimonio igualitario deben ser considerados por cada país a través de un proceso democrático, de acuerdo con su modelo de sociedad y según los tiempos de su evolución hacia una perspectiva de derechos.
Pero difícilmente haya un país que convalide o permanezca indiferente cuando sus ciudadanos son víctimas de asesinato, golpizas o cualquier tipo de violencia, brutalidad y discriminación… claro, sin importar a cuenta de qué, incluyendo eso la orientación sexual o la identidad de género. Como bien definió el Secretario General Ban Ki-Moon en el panel de días atrás, la responsabilidad que tenemos contra estas persecuciones y en defensa de nuestros congéneres es inesquivable y es colectiva.
En ese sentido, Argentina sigue sosteniendo ante los foros internacionales que todos los países deben iniciar un diálogo social inclusivo para reformar las leyes que puedan incitar a la discriminación y a la violencia, como es penalizar actos privados entre adultos que lo consienten.
Reivindicar los derechos humanos mirando el pasado importa, y necesita memoria, verdad y justicia para los que seguimos vivos. Promoverlos y protegerlos en nuestro presente también importa, y necesita un Estado que planifique y gestione sin descanso protección social, empleo, educación, salud.
Y si como sociedad hemos garantizado derechos de manera ejemplar, entonces lo que se necesita es levantar banderas más allá de nuestra propia frontera por los que todavía nos necesitan en esa lucha. En este caso, como dijo el obispo Tutu, por personas que soporten violencia, torturas y castigos penales por cómo viven o, simplemente, por cómo aman. Por personas como David Kato.
*Embajador. Representante Permanente de la Argentina ante la ONU
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