Marisol Ayala /colaboración especial / Las Palmas de Gran Canaria
La Consejería de Bienestar Social Juventud y Vivienda del gobierno de Canarias ha resuelto que Marcos Torres, de 39 años, un enfermo que sufre sida, cáncer testicular y hepatitis C afronte su enfermedad, su alimentación especial, su vida con una pensión no contributiva de 86, 9 euros mensuales.
Marcos presentó su historial médico y el tratamiento que deberá llevar de por vida para documentar su petición y ha recibido la noticia con tal desolación que no descarta iniciar en breve una huelga de hambre y abandonar el tratamiento «con todas las consecuencias».
En su dictamen la administración pública reconoce que su situación es de incapacidad permanente absoluta, de «gran invalidez» y que el grado de la misma está en 66. Sin embargo a pesar de esos datos la resolución de la Consejería no supera los 86,9 mensuales de ayuda.
Las enfermedades que sufre Marcos le obligan a acudir a los hospitales Insular y Negrín varias veces a la semana para someterse a controles, pero «ahora, con esa paga no voy a tener ni para los bonos de la guagua y el bocadillo».
Los argumentos en los que se ampara la Consejería para asignarle una ayuda económica tan escasa es que Marcos vive con sus padres y que entre los dos, padre y madre, reciben una pensión no contributiva cuya cuantía alcanza los 1.100 euros.
Pero «no reparan», señala, «en que tengo 39 años, estoy enfermo, debo cubrir mis gastos y mis necesidades alimenticias porque no estoy bien y me alimento a capricho. ¿Sabes?, la impresión que tuve cuando recibí la carta es que lo que quieren es que uno se muera, pero, ¿qué hago …?, no sé … vivir así, con una limosna, como un perro, no es vivir».
Más información en la edición impresa
Marcos presentó su historial médico y el tratamiento que deberá llevar de por vida para documentar su petición y ha recibido la noticia con tal desolación que no descarta iniciar en breve una huelga de hambre y abandonar el tratamiento «con todas las consecuencias».
En su dictamen la administración pública reconoce que su situación es de incapacidad permanente absoluta, de «gran invalidez» y que el grado de la misma está en 66. Sin embargo a pesar de esos datos la resolución de la Consejería no supera los 86,9 mensuales de ayuda.
Las enfermedades que sufre Marcos le obligan a acudir a los hospitales Insular y Negrín varias veces a la semana para someterse a controles, pero «ahora, con esa paga no voy a tener ni para los bonos de la guagua y el bocadillo».
Los argumentos en los que se ampara la Consejería para asignarle una ayuda económica tan escasa es que Marcos vive con sus padres y que entre los dos, padre y madre, reciben una pensión no contributiva cuya cuantía alcanza los 1.100 euros.
Pero «no reparan», señala, «en que tengo 39 años, estoy enfermo, debo cubrir mis gastos y mis necesidades alimenticias porque no estoy bien y me alimento a capricho. ¿Sabes?, la impresión que tuve cuando recibí la carta es que lo que quieren es que uno se muera, pero, ¿qué hago …?, no sé … vivir así, con una limosna, como un perro, no es vivir».
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