"Los Gobiernos tienen que abolir las leyes que erosionan los derechos humanos e impiden el acceso a servicios" sanitarios, indicó la FICR en un comunicado de prensa distribuido en Nueva York, donde tiene lugar una reunión de alto nivel sobre la estrategia de lucha contra el virus VIH-sida que celebra la Asamblea General de Naciones Unidas.
Geleta señaló que la organización, que representa a 186 sociedades nacionales, está abogando "de forma específica por las voces que son raramente escuchadas", entre los que situó a los "trabajadores del sexo, a los trangénero, a los hombres que tienen sexo con otros hombres y a quienes se inyectan drogas".
"Todos ellos se enfrentan a leyes represivas que incluyen encarcelamiento, violencia y acoso, al tiempo que tienen que luchar por conseguir el acceso a los servicios sanitarios", señaló.
Según el Programa ONUSIDA, el 67 % de los países tienen leyes y regulaciones que representan obstáculos para los más vulnerables, además de que hay otros 79 países que penalizan las relaciones homosexuales y seis que imponen la pena de muerte a quienes practican el sexo con personas de su mismo género.
También hay 47 países con restricciones de viaje relacionadas con ese virus y otros 56 con legislación específica que tratan como delito la transmisión del VIH.
Por su parte, el director ejecutivo de la Alianza Internacional contra el VIH-Sida (que agrupa a 2.000 organizaciones de todo el mundo), Álvaro Bermejo, se refirió a que los prejuicios, a menudo presentes en las leyes, aumentan los riesgos y hacen más difícil la prevención y tratamiento de esa enfermedad.
"Todos apoyamos la estrategia del programa ONUSIDA de cero nuevas infecciones, cero muertes por sida y cero discriminación, pero eso no se puede dar a menos que las leyes estigmatizadoras sean sustituidas" por políticas y apoyo legal más adecuados, agregó.
Ambas organizaciones indicaron que al mismo tiempo que la ONU debate sobre esos aspectos, en algunos países se estudian leyes que, de aprobarse, obligarán a que las mujeres seropositivas hagan público su padecimiento o que criminalizan la homosexualidad, lo que erosiona su capacidad nacional para responder a la enfermedad.
Por su parte, el subsecretario británico para el Desarrollo Internacional, Stephen O'Brien, señaló igualmente el impacto que las leyes represivas, el acoso y los abusos de derechos humanos tienen sobre los grupos de población más vulnerables al virus del sida.
"Si se quieren mantener los progresos contra la epidemia, hay que hacerlo mejor y llegar a quienes están en mayores riesgos" de contraer el virus, dijo O'Brien.
En las tres décadas transcurridas desde que se descubriera la enfermedad, más de 60 millones de personas se han infectado, al menos 30 millones han muerto y más de 16 millones de niños han quedado huérfanos a causa de la enfermedad, además de que cada día se producen 7.000 nuevas infecciones.
En la actualidad hay seis millones de enfermos que reciben tratamiento médico con antirretrovirales contra la enfermedad, pero hay otros diez millones más de personas que no tienen acceso a ellos.
"Por cada persona que recibe tratamiento, hay otras dos que se infectan", indicaron la FICR y la Alianza, que también revelaron que a nivel mundial solo el 60 % de los trabajadores del sexo tienen acceso a condones y se hacen pruebas para detectar el VIH.
Según sus datos, más del 80 % de los países trata a 15,9 millones de usuarios de drogas inyectables como criminales, de los que tres millones están infectados por el virus del sida.
Asimismo, señalaron la relación que existe entre la escasa financiación en los presupuestos nacionales para prevenir ese virus y los casos de personas afectadas, pues cuanto menor son los recursos para esos programas, mayor es el riesgo entre las poblaciones más vulnerables.
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