La combinación del fármaco con el tratamiento estándar mejora la tasa de respuesta en personas con genotipo 1 del VHC no tratadas previamente
Juanse Hernández - 27/04/2011
Según los resultados de un estudio de fase II presentados en el 46 Encuentro Anual de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL 2011), celebrado recientemente en Berlín (Alemania), alisporivir (también conocido como Debio-025 o DEB025), el primero de una nueva clase de fármacos contra el virus de la hepatitis C (VHC) conocida como los inhibidores de la ciclofilina, mejora de forma significativa las tasas de respuesta virológica sostenida (RVS), al combinarlo con el tratamiento estándar (interferón pegilado y ribavirina), en personas con genotipo 1 que reciben por primera vez tratamiento contra la hepatitis C.
Alisporivir funciona inhibiendo una proteína de la célula huésped llamada ciclofilina que desempeña un papel clave en la replicación del VHC. El fármaco es similar a la ciclosporina A, un medicamento inmunosupresor utilizado para evitar el rechazo en el trasplante de órganos, pero con la ventaja de que alisporivir no inhibe el sistema inmunitario. Asimismo, dado que este medicamento tiene como diana una proteína celular utilizada por todos los tipos de VHC, podría ser un opción efectiva contra un amplio rango de genotipos contra el VHC.
En el estudio cuyos resultados ahora se presentan, un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bialystok (Polonia) distribuyeron a 288 personas monoinfectadas por VHC a tomar diferentes combinaciones de alisporivir e interferón pegilado y ribavirina [IFN-PEG y RBV] . Todos los participantes eran portadores del genotipo 1 del VHC (el que responde peor al tratamiento estándar) y era la primera vez que tomaban tratamiento contra la hepatitis C
El ensayo contó con 4 grupos de tratamiento: el primero recibió alisporivir más IFN-PEG y RBV durante 48 semanas; al segundo se le administró la misma combinación, pero durante un período de 24 semanas; en el tercero, se utilizó una estrategia de tratamiento guiada por la respuesta, lo que implicó que la duración del tratamiento en aquellos participantes con carga viral indetectable del VHC a la semana 4 (lo que se conoce como respuesta virológica rápida) fuese de 24 semanas, y en aquellos con carga viral del VHC detectable en la misma semana la duración fuese de 48 semanas. Por último, un cuarto grupo –que sirvió de control- recibió sólo el tratamiento estándar (IFN-PEG y RBV) durante 48 semanas.
?La dosis de alisporivir empleada en el estudio fue de 600mg dos veces al día durante una semana y, a continuación, 600mg una vez al día hasta completar todo el período de tratamiento.
Los resultados muestran una tasa de respuesta virológica sostenida (carga viral del VHC indetectable 24 semanas después de finalizar el tratamiento) de un 76% en el grupo que recibió alisporivir más IFN-PEG y RBV, y de un 55% en el grupo control. La diferencia entre los dos grupos fue estadísticamente significativa.
A pesar de que el porcentaje de personas con el genotipo CC cerca del gen IL28B (rs12979860), un polimorfismo genético que se asocia estrechamente con respuesta virológica sostenida al tratamiento estándar, fue más bajo en el grupo de participantes que recibieron alisporivir que en aquellos que formaban parte del grupo control (19% frente a 33%, respectivamente), la respuesta al tratamiento fue mejor entre quienes recibieron alisporivir que entre los que recibieron el tratamiento estándar.
Por lo que respecta a las tasas de respuesta en los otros grupos que recibieron el fármaco experimental, se observó una respuesta virológica sostenida en un 69% de los que siguieron la estrategia de tratamiento guiada por la respuesta inicial, y en un 53% de los participantes del grupo que tomó alisporivir durante 24 semanas.
En los grupos de tratamiento 1 y 4 (alisporivir más IFN-PEG y RBV durante 48 semanas y siguiendo una estrategia de tratamiento guiada por la respuesta inicial, respectivamente), obtener una respuesta virológica rápida (carga viral indetectable del VHC a la semana 4) fue factor 100% pronóstico de respuesta virológica sostenida. Por este motivo, los investigadores consideran que una duración de 24 semanas sería suficiente para aquellos pacientes que obtienen una respuesta virológica rápida a la combinación de alisporivir, IFN-PEG y RBV.
Otro dato interesante del ensayo es que, entre aquellos pacientes tratados durante como mínimo 12 semanas (momento en el que se evalúa la respuesta virológica precoz), no hubo respondedores nulos (personas en las que la carga viral del VHC no disminuye, como mínimo, 2 log) en los grupos que recibieron alisporivir en comparación con un 10% de los participantes del grupo control.
Por lo que respecta a la seguridad, los investigadores señalan que el fármaco experimental fue bien tolerado y que el número de personas que interrumpieron el tratamiento como consecuencia de los efectos secundarios fue similar entre los grupos de estudio (alrededor del 5% de los pacientes tratados con alisporivir frente al 4% de los participantes tratados con la terapia estándar).?
Entre los efectos secundarios más comunes, figuraron debilidad muscular (astenia), dolor de cabeza y náuseas, y generalmente se presentaron en, al menos, una cuarta parte de los pacientes tratados, independientemente del uso o no de alisporivir.??Se documentaron elevaciones de los niveles de bilirrubina en un poco más de un 1% de los participantes que recibieron IFN-PEG y RBV y en un 25-41% de las personas incluidas en los tres grupos de tratamiento con alisporivir. No obstante, los incrementos de bilirrubina elevados y graves (definido como un nivel, como mínimo, cinco veces más elevado que el límite normal superior) se produjeron en un número mucho más reducido de participantes: 3-7% en los grupos que recibieron el fármaco experimental y ningún paciente de los que recibieron la terapia estándar. Además, dichas elevaciones de los niveles de bilirrubina fueron pasajeras y reversibles y no se asociaron con toxicidad hepática.
En sus conclusiones, los investigadores señalan que el alisporivir, combinado con la terapia estándar, se mostró muy eficaz a la hora de conseguir una respuesta virológica sostenida en personas con genotipo 1 del VHC sin experiencia en el uso de tratamientos contra dicho virus hepático. También añaden que un estudio de fase III de alisporivir se ha iniciado recientemente y se encuentra actualmente inscribiendo participantes con genotipo 1 del VHC no tratados previamente. Otros estudios están evaluando actualmente el uso de alisporivir en otras poblaciones de pacientes, como personas con experiencia en el uso de tratamientos contra la hepatitis C y personas coinfectadas por VIH y VHC, dada la actividad potencial del fármaco para inhibir también la replicación del VIH (véase La Noticia del Día 08/11/06).
miércoles, 27 de abril de 2011
Caso Karadima, iglesia y nación
26 de Abril de 2011
Si se asumiera la tesis conservadora sobre la identidad nacional, hoy estaríamos viviendo una crisis de proporciones insospechadas. La tesis afirma que nuestra identidad es previa a la independencia, cuyo punto de partida habría sido el encuentro de lo indio y lo hispánico en el rito, conformando así la religiosidad popular cristiana. Esta, a su vez, gestó “el sustrato católico sobre el que logró constituirse el sentimiento de pueblo-nación que hubo de animar a los nuevos Estados, otorgándoles un sentido nacional” (Cousiño).
El caso Karadima, incubado desde la época de Fresno, vendrá a estallar en el seno mismo de los sectores privilegiados de la sociedad, con hijos víctimas de familias ligadas al poder económico y político tradicional del país, por lo que su tratamiento no tuvo los efectos limitados y más bien fue por esas influencias y la persistencia valerosa de las víctimas, que pudo abrirse paso en medio de la sordera obispal y las presiones de los empresarios poderosos.
También ayudó en este caso el contexto de debilitamiento de la legitimidad de la autoridad de la iglesia católica sobre sus fieles a nivel mundial. Múltiples acusaciones de pedofilia contra obispos de EE.UU., Irlanda, Bélgica, etc. y en la Congregación de los Legionarios de Cristo, arrastraban a una crisis de credibilidad que venía del giro conservador con que Juan Pablo II arrinconó a los teólogos progresistas, impidió la sana crítica, disolvió la relación de la iglesia con las comunidades organizadas y alentó congregaciones ultra conservadoras como el Opus Dei y los mencionados Legionarios. Esto se expresó en nuestro país en la designación de autoridades conciliatorias con el poder y los privilegiados, como lo fueron los Arzobispos Fresno y Errázuriz y la promoción de una camada de obispos fieles a la nueva orientación, que desplazaba a personas como el destacado ex Vicario de la Solidaridad Cristián Precht, por ejemplo.
El giro hacia el conservadurismo implicó que culturalmente la iglesia operó en el sentido contrario a lo que en Chile se abría como expectativa de la transición política. Su rol de activa defensora del respeto a los Derechos Humanos se relativizó por la idea de la reconciliación, abandonando la coherencia respecto de la paz con justicia; su papel de aliento al protagonismo del pueblo cristiano en la democratización del país se trastocó en la disolución de las comunidades cristianas, la re-destinación de los curas progresistas y el aliento al desarrollo de una espiritualidad individualista. A ello se sumó su opinión extemporánea sobre la sexualidad juvenil, la opción homosexual y el aborto terapéutico, todos temas avanzados ya por la sociedad chilena en los años ’60.
Notable es el recuerdo de las ministras de Educación, Salud y Sernam en conferencia de prensa eliminando -por presión eclesial- las JOCAS, denostados programas de educación sexual en las escuelas, mientras el embarazo adolescente se empinaba sobre el 23%. También se podría recordar la resistencia de la iglesia a las políticas públicas relacionadas con el reconocimiento de la diversidad de tipos de familias existentes en el país, las que consideraban que alentaban el “mal vivir”, la disolución de los valores de “la familia” y debilitaban el rol de la mujer como madre. Aún está vivo el prolongado debate sobre el divorcio, cuyo lobby eclesiástico llevó a que incluso senadores socialistas separados se opusieran al proyecto. En otras palabras, la autoridad moral de la iglesia corría en contra de la liberalización de los valores, doblegando al poder político y recomponiéndose como un poder fáctico en la transición para dar “orientaciones valóricas”.
La iglesia se empleó a fondo en levantarse como el reservorio de “la” corrección de la conducta moral, en su autoconferido papel de ser parte constitutiva de la identidad nacional. Levantó el argumento que “el secularismo no sólo representaría una amenaza para la identidad eclesial, sino que también para la misma cultura latinoamericana” (Morandé). En otras palabras, oponerse a la iglesia era oponerse a la continuidad de una identidad nacional nacida en el “encuentro” entre la religiosidad india y la hispana. Más claro, cuestionar el discurso católico a pesar de tener un Estado laico, era oponerse al orden natural de lo que es “ser chileno”.
El catolicismo debiera recobrar su humildad, particularmente en el plano de las lecciones morales y debe dejar de presionar a los dirigentes políticos. El Obispo J.I González (2006), ahora lucha contra el “neo paganismo” que “bajo el amparo de una falsa libertad han vuelto a paganizar las leyes que vuelven a hacerse salvajes…” y le exige al Estado no sólo respetar la libertad religiosa sino que juegue un papel más activo en proteger ese derecho. Es la iglesia que aún no entiende que en la relación entre ciudadanos no hay superioridades morales.
Tampoco existe hoy una crisis de identidad nacional aunque la iglesia y el país se estremezcan ante las denuncias de pedofilia. Este caso fue posible que se mostrara en toda su desnudez porque la sociedad chilena ha conquistado una mayor independencia entre el Estado y la iglesia, en una tarea aún inconclusa por la secularización definitiva de la sociedad y sus instituciones políticas, incluidas el poder judicial y las FF .AA. Lo que está en juego en el futuro cercano es culminar el proceso de modernización definitiva de las instituciones del Estado para que Chile sea una República en forma y se relacione con las religiones dándoles todas las libertades, pero sin financiar ni privilegiar a ninguna
La sociedad chilena venía sospechando de la tolerancia eclesial para con los religiosos vinculados a casos de pedofilia, así como de la poca valoración que tenía este tipo de crímenes entre legisladores y jueces (costó varios años modificar la ley de abusos sexuales contra los niños). Los casos del “cura Tato”, “el cura Salesiano de Valdivia”, el “cura de Putaendo”, el “cura de Melipilla”, eran una muestra. El caso del obispo Cox, enviado a Alemania para evadir la justicia con la complicidad de los propios pares, fue aleccionador: por una parte había que detener los abusos de menores que eran denunciados para evitar el escándalo, pero manteniendo la impunidad de los delitos haciendo prevalecer la autoridad religiosa y el derecho canónico por sobre el Estado.
El caso Karadima, incubado desde la época de Fresno, vendrá a estallar en el seno mismo de los sectores privilegiados de la sociedad, con hijos víctimas de familias ligadas al poder económico y político tradicional del país, por lo que su tratamiento no tuvo los efectos limitados y más bien fue por esas influencias y la persistencia valerosa de las víctimas, que pudo abrirse paso en medio de la sordera obispal y las presiones de los empresarios poderosos.
En otras palabras, oponerse a la iglesia era oponerse a la continuidad de una identidad nacional nacida en el “encuentro” entre la religiosidad india y la hispana. Más claro, cuestionar el discurso católico a pesar de tener un Estado laico, era oponerse al orden natural de lo que es “ser chileno”.
El giro hacia el conservadurismo implicó que culturalmente la iglesia operó en el sentido contrario a lo que en Chile se abría como expectativa de la transición política. Su rol de activa defensora del respeto a los Derechos Humanos se relativizó por la idea de la reconciliación, abandonando la coherencia respecto de la paz con justicia; su papel de aliento al protagonismo del pueblo cristiano en la democratización del país se trastocó en la disolución de las comunidades cristianas, la re-destinación de los curas progresistas y el aliento al desarrollo de una espiritualidad individualista. A ello se sumó su opinión extemporánea sobre la sexualidad juvenil, la opción homosexual y el aborto terapéutico, todos temas avanzados ya por la sociedad chilena en los años ’60.
Notable es el recuerdo de las ministras de Educación, Salud y Sernam en conferencia de prensa eliminando -por presión eclesial- las JOCAS, denostados programas de educación sexual en las escuelas, mientras el embarazo adolescente se empinaba sobre el 23%. También se podría recordar la resistencia de la iglesia a las políticas públicas relacionadas con el reconocimiento de la diversidad de tipos de familias existentes en el país, las que consideraban que alentaban el “mal vivir”, la disolución de los valores de “la familia” y debilitaban el rol de la mujer como madre. Aún está vivo el prolongado debate sobre el divorcio, cuyo lobby eclesiástico llevó a que incluso senadores socialistas separados se opusieran al proyecto. En otras palabras, la autoridad moral de la iglesia corría en contra de la liberalización de los valores, doblegando al poder político y recomponiéndose como un poder fáctico en la transición para dar “orientaciones valóricas”.
La iglesia se empleó a fondo en levantarse como el reservorio de “la” corrección de la conducta moral, en su autoconferido papel de ser parte constitutiva de la identidad nacional. Levantó el argumento que “el secularismo no sólo representaría una amenaza para la identidad eclesial, sino que también para la misma cultura latinoamericana” (Morandé). En otras palabras, oponerse a la iglesia era oponerse a la continuidad de una identidad nacional nacida en el “encuentro” entre la religiosidad india y la hispana. Más claro, cuestionar el discurso católico a pesar de tener un Estado laico, era oponerse al orden natural de lo que es “ser chileno”.
El catolicismo debiera recobrar su humildad, particularmente en el plano de las lecciones morales y debe dejar de presionar a los dirigentes políticos. El Obispo J.I González (2006), ahora lucha contra el “neo paganismo” que “bajo el amparo de una falsa libertad han vuelto a paganizar las leyes que vuelven a hacerse salvajes…” y le exige al Estado no sólo respetar la libertad religiosa sino que juegue un papel más activo en proteger ese derecho. Es la iglesia que aún no entiende que en la relación entre ciudadanos no hay superioridades morales.
Tampoco existe hoy una crisis de identidad nacional aunque la iglesia y el país se estremezcan ante las denuncias de pedofilia. Este caso fue posible que se mostrara en toda su desnudez porque la sociedad chilena ha conquistado una mayor independencia entre el Estado y la iglesia, en una tarea aún inconclusa por la secularización definitiva de la sociedad y sus instituciones políticas, incluidas el poder judicial y las FF .AA. Lo que está en juego en el futuro cercano es culminar el proceso de modernización definitiva de las instituciones del Estado para que Chile sea una República en forma y se relacione con las religiones dándoles todas las libertades, pero sin financiar ni privilegiar a ninguna
martes, 26 de abril de 2011
La donación de órganos entre personas con VIH podría reducir la mortalidad de esta población en la lista de espera
Aunque existirían ciertos riesgos, los beneficios aportados por la estrategia podrían ser superiores
Francesc Martínez - 26/04/2011
Según un estudio publicado en la edición digital de American Journal of Transplantation, acabar con la prohibición de que los pacientes con VIH puedan donar órganos podría acabar con las listas de espera de trasplantes en la comunidad seropositiva.
La prohibición de que las personas con VIH donaran órganos se instauró en la década de 1980, de forma simultánea a la prohibición de donar sangre. De hecho, en aquella época, los individuos afectados por esta infección no podían ni recibir órganos, puesto que no se consideraban candidatos adecuados por su corta esperanza de vida.
La llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), durante la segunda mitad de la década de 1990, cambió las cosas y permitió el acceso de los pacientes con VIH a las donaciones de órganos.
Los autores del presente estudio partieron de la hipótesis de que dar un paso más, esto es, permitir que personas con VIH puedan donar órganos a otras personas seropositivas, podría acortar considerablemente las listas de espera dentro del colectivo y, probablemente, la mortalidad mientras esperan la recepción de un órgano. En Sudáfrica, donde existe escasez de órganos, ya se ha ensayado esta estrategia y se han obtenido buenos resultados.
Para determinar el potencial impacto que podría tener la finalización de la prohibición en EE UU, los investigadores analizaron los datos de dos amplios registros estadounidenses de personas con VIH: el perteneciente al Nationwide Inpatient Study (Estudio Nacional sobre Pacientes Hospitalizados) y el asociado a la HIV Research Network (Red de Investigación sobre VIH). A partir de los datos extraídos, se calcularon el número de muertes de pacientes seropositivos que podrían haber proporcionado órganos viables para ser trasplantados.
El número de este tipo de fallecimientos fue similar en ambos estudios, de alrededor de 500 pacientes anuales en cada uno de ellos entre los años 2005 y 2008. Los autores consideraron suficiente este número de potenciales órganos para acabar con las listas de espera en la comunidad seropositiva.
Aunque un órgano de una persona con VIH no podría ser trasplantado a una no infectada, la disminución del número de pacientes afectados por la infección en las listas de espera también favorecería a las personas seronegativas, dado que accederían con mayor facilidad a los órganos donados por individuos sin VIH.
Sin embargo, el hecho de permitir la donación de órganos a personas sin VIH conllevaría ciertos riesgos ante los cuales deberían extremarse las precauciones. Así, los órganos podrían identificarse de forma incorrecta y trasplantarse a un individuo no infectado por este virus. Por otro lado, las cepas de virus del donante podrían volverse más virulentas en el organismo de quien reciba el órgano o ser resistentes a la TARGA seguida por el receptor. También cabe tener en cuenta que determinados órganos -como por ejemplo, el hígado o los riñones- podrían estar deteriorados debido a la propia infección por VIH o a causa del uso crónico de fármacos antirretrovirales.
No obstante, en opinión de los investigadores, dada la elevada necesidad de órganos en la comunidad seropositiva, estos riesgos deberían ser evaluados por los médicos caso a caso, sin negar de entrada los enormes beneficios que podría comportar el permitir la donación de órganos entre pacientes con VIH.
Fuente: Aidsmeds.
Referencia: Boyarsky BJ, Hall EC, Singer AL et al. Estimating the Potential Pool of HIV-Infected Deceased Organ Donors in the United States. Am J Transplant. 2011 Mar 28. [Epub ahead of print].
Francesc Martínez - 26/04/2011
Según un estudio publicado en la edición digital de American Journal of Transplantation, acabar con la prohibición de que los pacientes con VIH puedan donar órganos podría acabar con las listas de espera de trasplantes en la comunidad seropositiva.
La prohibición de que las personas con VIH donaran órganos se instauró en la década de 1980, de forma simultánea a la prohibición de donar sangre. De hecho, en aquella época, los individuos afectados por esta infección no podían ni recibir órganos, puesto que no se consideraban candidatos adecuados por su corta esperanza de vida.
La llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), durante la segunda mitad de la década de 1990, cambió las cosas y permitió el acceso de los pacientes con VIH a las donaciones de órganos.
Los autores del presente estudio partieron de la hipótesis de que dar un paso más, esto es, permitir que personas con VIH puedan donar órganos a otras personas seropositivas, podría acortar considerablemente las listas de espera dentro del colectivo y, probablemente, la mortalidad mientras esperan la recepción de un órgano. En Sudáfrica, donde existe escasez de órganos, ya se ha ensayado esta estrategia y se han obtenido buenos resultados.
Para determinar el potencial impacto que podría tener la finalización de la prohibición en EE UU, los investigadores analizaron los datos de dos amplios registros estadounidenses de personas con VIH: el perteneciente al Nationwide Inpatient Study (Estudio Nacional sobre Pacientes Hospitalizados) y el asociado a la HIV Research Network (Red de Investigación sobre VIH). A partir de los datos extraídos, se calcularon el número de muertes de pacientes seropositivos que podrían haber proporcionado órganos viables para ser trasplantados.
El número de este tipo de fallecimientos fue similar en ambos estudios, de alrededor de 500 pacientes anuales en cada uno de ellos entre los años 2005 y 2008. Los autores consideraron suficiente este número de potenciales órganos para acabar con las listas de espera en la comunidad seropositiva.
Aunque un órgano de una persona con VIH no podría ser trasplantado a una no infectada, la disminución del número de pacientes afectados por la infección en las listas de espera también favorecería a las personas seronegativas, dado que accederían con mayor facilidad a los órganos donados por individuos sin VIH.
Sin embargo, el hecho de permitir la donación de órganos a personas sin VIH conllevaría ciertos riesgos ante los cuales deberían extremarse las precauciones. Así, los órganos podrían identificarse de forma incorrecta y trasplantarse a un individuo no infectado por este virus. Por otro lado, las cepas de virus del donante podrían volverse más virulentas en el organismo de quien reciba el órgano o ser resistentes a la TARGA seguida por el receptor. También cabe tener en cuenta que determinados órganos -como por ejemplo, el hígado o los riñones- podrían estar deteriorados debido a la propia infección por VIH o a causa del uso crónico de fármacos antirretrovirales.
No obstante, en opinión de los investigadores, dada la elevada necesidad de órganos en la comunidad seropositiva, estos riesgos deberían ser evaluados por los médicos caso a caso, sin negar de entrada los enormes beneficios que podría comportar el permitir la donación de órganos entre pacientes con VIH.
Fuente: Aidsmeds.
Referencia: Boyarsky BJ, Hall EC, Singer AL et al. Estimating the Potential Pool of HIV-Infected Deceased Organ Donors in the United States. Am J Transplant. 2011 Mar 28. [Epub ahead of print].
IU propone la elaboración de un plan contra la discriminación por razón de sexo
| IU propone la elaboración de un plan contra la discriminación por razón de sexo |
| Escrito por Redacción |
| Lunes, 25 de Abril de 2011 12:16 |
 Considera que es imprescindible que desde el Ayuntamiento se lleve a cabo una política activa para que se reconozcan plenamente los derechos de la ciudadanía a la diversidad Izquierda Unida considera que la existencia de una legislación que, desde el artículo 14 de la Constitución al actual anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato, reconocen la igualdad de la ciudadanía sin que pueda discriminarse a nadie por razón de sexo, orientación o identidad sexual "no supone que estos principios existan en la práctica. De hecho, según estudios sobre acoso escolar de 2005 y 2007, un 30% de estudiantes de secundaria han llevado a cabo acciones homófobas", explica en una de sus propuestas electorales. Añade IU que la discriminación por razón de orientación sexual ha sido sufrida por el 65% de chicos homosexuales e incluso un 14,9% de chicos heterosexuales la han sufrido por no dar el perfil masculino heterosexista. "La discriminación produce un círculo vicioso pues no propicia la libre manifestación de la orientación sexual y sin visibilidad no existen referentes posibles para quienes buscan definir su sexualidad y identidad de género. La igualdad real por sexo y orientación sexual no será posible sin profundos cambios sociales y culturales, para los que es imprescindible una acción educativa a todos los niveles", argumenta Antonio Moreno, candidato a la Alcaldía. Por eso, IU elaborará un plan contra la discriminación por razón de sexo u orientación sexual en los centros escolares coordinado por las instituciones locales e impartido por entidades y colectivos de LGTBI para desarrollar el conocimiento y la visibilidad de la diversidad sexual. Así, considera que es imprescindible que desde el Ayuntamiento se lleve a cabo una política activa para que se reconozcan plenamente los derechos de la ciudadanía a la diversidad, en sexo, orientación sexual e identidad de género. Para ello se propone la elaboración de un Plan Integral contra la Discriminación por razón de sexo y orientación sexual. IU considera que el Ayuntamiento, desde sus competencias, debe implicarse en defender estos derechos mediante: el propio cumplimiento de la administración, suprimiendo requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual; la denegación o retirada de ayudas o subvenciones a entidades públicas o privadas que incurran en manifestaciones lesbo u homófobas; apoyo económico, psicológico y jurídico a las personas en riesgo de exclusión social por causa de identidad sexual u orientación sexual, como en los casos de expulsión del hogar familiar; campañas de información social que promuevan comportamientos y actitudes de respeto e igualdad; coordinación con la Concejalía de la Mujer y los Planes de Igualdad Municipales; y coordinar un plan educativo en el que participen las instituciones locales, las asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos LGTBI y el Consejo Escolar Municipal |
| Escrito por Redacción |
| Lunes, 25 de Abril de 2011 12:16 |
Considera que es imprescindible que desde el Ayuntamiento se lleve a cabo una política activa para que se reconozcan plenamente los derechos de la ciudadanía a la diversidad Izquierda Unida considera que la existencia de una legislación que, desde el artículo 14 de la Constitución al actual anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato, reconocen la igualdad de la ciudadanía sin que pueda discriminarse a nadie por razón de sexo, orientación o identidad sexual "no supone que estos principios existan en la práctica. De hecho, según estudios sobre acoso escolar de 2005 y 2007, un 30% de estudiantes de secundaria han llevado a cabo acciones homófobas", explica en una de sus propuestas electorales. Añade IU que la discriminación por razón de orientación sexual ha sido sufrida por el 65% de chicos homosexuales e incluso un 14,9% de chicos heterosexuales la han sufrido por no dar el perfil masculino heterosexista. "La discriminación produce un círculo vicioso pues no propicia la libre manifestación de la orientación sexual y sin visibilidad no existen referentes posibles para quienes buscan definir su sexualidad y identidad de género. La igualdad real por sexo y orientación sexual no será posible sin profundos cambios sociales y culturales, para los que es imprescindible una acción educativa a todos los niveles", argumenta Antonio Moreno, candidato a la Alcaldía. Por eso, IU elaborará un plan contra la discriminación por razón de sexo u orientación sexual en los centros escolares coordinado por las instituciones locales e impartido por entidades y colectivos de LGTBI para desarrollar el conocimiento y la visibilidad de la diversidad sexual. Así, considera que es imprescindible que desde el Ayuntamiento se lleve a cabo una política activa para que se reconozcan plenamente los derechos de la ciudadanía a la diversidad, en sexo, orientación sexual e identidad de género. Para ello se propone la elaboración de un Plan Integral contra la Discriminación por razón de sexo y orientación sexual. IU considera que el Ayuntamiento, desde sus competencias, debe implicarse en defender estos derechos mediante: el propio cumplimiento de la administración, suprimiendo requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual; la denegación o retirada de ayudas o subvenciones a entidades públicas o privadas que incurran en manifestaciones lesbo u homófobas; apoyo económico, psicológico y jurídico a las personas en riesgo de exclusión social por causa de identidad sexual u orientación sexual, como en los casos de expulsión del hogar familiar; campañas de información social que promuevan comportamientos y actitudes de respeto e igualdad; coordinación con la Concejalía de la Mujer y los Planes de Igualdad Municipales; y coordinar un plan educativo en el que participen las instituciones locales, las asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos LGTBI y el Consejo Escolar Municipal |
Añade IU que la discriminación por razón de orientación sexual ha sido sufrida por el 65% de chicos homosexuales e incluso un 14,9% de chicos heterosexuales la han sufrido por no dar el perfil masculino heterosexista. "La discriminación produce un círculo vicioso pues no propicia la libre manifestación de la orientación sexual y sin visibilidad no existen referentes posibles para quienes buscan definir su sexualidad y identidad de género. La igualdad real por sexo y orientación sexual no será posible sin profundos cambios sociales y culturales, para los que es imprescindible una acción educativa a todos los niveles", argumenta Antonio Moreno, candidato a la Alcaldía.
Por eso, IU elaborará un plan contra la discriminación por razón de sexo u orientación sexual en los centros escolares coordinado por las instituciones locales e impartido por entidades y colectivos de LGTBI para desarrollar el conocimiento y la visibilidad de la diversidad sexual. Así, considera que es imprescindible que desde el Ayuntamiento se lleve a cabo una política activa para que se reconozcan plenamente los derechos de la ciudadanía a la diversidad, en sexo, orientación sexual e identidad de género. Para ello se propone la elaboración de un Plan Integral contra la Discriminación por razón de sexo y orientación sexual.
IU considera que el Ayuntamiento, desde sus competencias, debe implicarse en defender estos derechos mediante: el propio cumplimiento de la administración, suprimiendo requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual; la denegación o retirada de ayudas o subvenciones a entidades públicas o privadas que incurran en manifestaciones lesbo u homófobas; apoyo económico, psicológico y jurídico a las personas en riesgo de exclusión social por causa de identidad sexual u orientación sexual, como en los casos de expulsión del hogar familiar; campañas de información social que promuevan comportamientos y actitudes de respeto e igualdad; coordinación con la Concejalía de la Mujer y los Planes de Igualdad Municipales; y coordinar un plan educativo en el que participen las instituciones locales, las asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos LGTBI y el Consejo Escolar Municipal.
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